“Quieren poner en duda el convenio que le quitó tierra a la mafia”: Harman responde a denuncia contra convenio ANT y SAE
- El director de la Agencia Nacional de Tierras defendió la legalidad del convenio por $500.000 millones con la SAE y aseguró que ha sido una herramienta para recuperar predios destinados a la Reforma Agraria
- Felipe Harman explicó que los recursos entregados funcionan como un fondo de garantía para proteger a las familias campesinas ante eventuales decisiones judiciales, sin afectar el acceso a la tierra.
- Durante una jornada desde la finca La Primavera, en Puerto López, Meta, reiteró que la ANT colaborará con las investigaciones, pero advirtió que desacreditar el convenio pone en riesgo uno de los principales mecanismos de recuperación de bienes para el campesinado.
Bogotá D.C. 14 de julio de 2026. @AgenciaTierras.
La denuncia presentada por el comité de empalme del Gobierno entrante contra el convenio suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras – ANT – y la Sociedad de Activos Especiales – SAE – abrió un nuevo debate sobre uno de los principales instrumentos utilizados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro para incorporar bienes administrados por el Estado al proceso de Reforma Agraria.
Durante una jornada el pasado fin de semana, desde la finca La Primavera, en Puerto López, Meta, donde apenas hace 15 días, la tranquilidad de las familias campesinas fue interrumpida por un violento hecho. Un grupo de hombres armados ingresó al predio, amordazó a varios campesinos beneficiarios, los retuvo contra su voluntad y los intimidó para que abandonaran las tierras que el Estado les adjudicó a través del convenio entre la ANT y la SAE.
Fue desde ese mismo predio, convertido hoy en símbolo de la recuperación de tierras para el campesinado, donde el director de la ANT, Juan Felipe Harman, defendió la legalidad del acuerdo por $500.000 millones y aseguró que el convenio cuenta con respaldo jurídico, fiscal y constitucional, además de haber permitido recuperar predios provenientes de estructuras criminales para ponerlos al servicio de miles de familias campesinas.
«Si hay una actuación de la que me siento profundamente orgulloso al frente de la Agencia Nacional de Tierras es de quitarle tierra a la mafia y entregársela a los campesinos del país», afirmó Harman.
El director explicó que los recursos girados a la Sociedad de Activos Especiales no constituyen un riesgo para el patrimonio público, sino que operan como un fondo de garantía frente a eventuales decisiones judiciales sobre los predios administrados por esa entidad. En caso de que un proceso judicial ordene una compensación, esta se realizaría mediante el equivalente económico y no con la devolución de la tierra, garantizando la estabilidad jurídica de las familias beneficiarias de la Reforma Agraria.
Según Harman, cuestionar este mecanismo no solo desconoce el diseño jurídico del convenio, sino que también pone en riesgo la política pública de recuperación de bienes provenientes de economías ilegales.
«Hoy, con este manto de duda, lo que se está buscando es devolverle la tierra a la mafia. Nosotros seguiremos defendiendo cada hectárea recuperada para los campesinos de Colombia», sostuvo.
El pronunciamiento se produjo mientras la Agencia Nacional de Tierras recordó que, frente a otros procesos de adquisición de predios que presentaron alertas técnicas y jurídicas durante administraciones anteriores, la actual dirección suspendió los trámites correspondientes, creó el Comité de Casos Críticos y presentó cerca de 15 denuncias ante los organismos de control para que se investiguen posibles irregularidades y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.
Finalmente, Harman reiteró que la ANT atenderá cualquier requerimiento de los organismos competentes, pero insistió en que el debate no puede traducirse en un retroceso para la Reforma Agraria ni afectar la seguridad jurídica de las familias que hoy trabajan tierras recuperadas por el Estado.